Es necesario, y urgente, proceder a la adecuada reestructuración de las muy numerosas Corporaciones locales existentes en España con una población de derecho muy exigua, aunque como paso previo a este esfuerzo de racionalización administrativa, se podría empezar -como ya se está haciendo en parte- con la eliminación de las miles de sociedades, falsas fundaciones y otros entes instrumentales que se han creado sobre todo en los grandes municipios, en las provincias y en las Comunidades Autónomas.
Téngase presente a este respecto que en el ámbito de la Unión Europea se considera que el umbral mínimo para un Municipio viable, esto es, para uno que pueda operar en un marco de suficiencia financiera, política y técnica, se cifra en 5.000 habitantes, lo que contrasta sobremanera con el caso de España, en el que el 84% de los 8.114 Municipios que tiene son menores de tal cifra de 5.000 habitantes, y ello sin contar los casi cuatro millares de las minúsculas, en su mayoría, entidades locales menores.
Esta situación española es grave, y mucho más aún en estos tiempos de profunda crisis económica, ya que tales Ayuntamientos corren el serio peligro de no poder subsistir y serán inviables en un futuro no muy lejano; por lo que ahora es un buen momento para afrontar un proceso gradual de asociacionismo e integración de Entes locales, que a mi juicio es crucial para garantizar su suficiencia financiera y para que presten de forma adecuada los servicios de su responsabilidad, lo que entiendo que es de muy difícil consecución si no se toman con rapidez medidas encaminadas a esta finalidad, y que tendrán que ser, desde luego, más eficaces que las que se implantaron a través de la LRBRL de 1985, que si bien atribuyó al Estado la posibilidad de adoptar incentivos para fomentar las fusiones municipales con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales, lo cierto es que las mismas no han dado los resultados esperables, sino que antes bien se ha avanzado en sentido contrario a esta previsión, bajo la competencia ya sobre esta cuestión de las Comunidades Autónomas.
Esto denota que nunca existió una real voluntad política de embarcarse en este proceso, por lo que es obvio que ahora no se puede incurrir en el mismo error, y dejar, pues, a la discrecionalidad política el actuar, o no, en este sentido, sino que tienen que adoptarse medidas coercitivas y de obligado cumplimiento para alcanzar este objetivo.
A este respecto es oportuno recordar que dicha crisis es la que ha forzado a Grecia, como una necesaria medida de austeridad económica, a eliminar en fechas recientes las dos terceras partes de sus Municipios (concentrando todos aquellos que no superasen los 10.000 habitantes, lo que, extrapolado a España implicaría la pervivencia de sólo 750 Municipios, únicos que superan esa cifra de población).
No obstante, no es sólo esta situación actual de la economía la que debe conducirnos a actuar en España en esta línea, sino asimismo -y sobre todo, habida cuenta que los pequeños Ayuntamientos no son, precisamente, los que mayor gasto generan- la persecución de una mayor y mejor racionalidad organizativa, optimizando el tamaño de los Entes locales, tarea emprendida con éxito ya hace tiempo por otros Estados, que según el Consejo de Europa ya minoraron notablemente, entre 1950 y 1992, el número de sus Municipios, siendo ésta muy considerable en Bulgaria (88%), Suecia (87%), Dinamarca (80%), Bélgica (78%), Reino Unido (76%), Alemania (67%), Chequia (44%), Austria (42%), Noruega (41%) y Holanda (36%).
Esta reducción de Municipios, a través de los oportunos procesos de fusión entre ellos, permitiría, sin duda, una mayor eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos, economías de escala, incremento en la calidad de las prestaciones, mayor reducción de los costes, y facilitaría que los nuevos Entes locales resultantes de este proceso tuviesen una mayor posición institucional para negociar de forma efectiva con otras instancias de gobierno.
Y posibilitaría, además, y esto es muy relevante desde la óptica de la suficiencia financiera, una más eficaz participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, puesto que al valorarse para este reparto de fondos sobre todo la población -aplicándose incluso a un porcentaje importante del reparto de los ingresos del Estado una serie de coeficientes multiplicadores mayores, en general, a medida que mayor es también el número de habitantes de los Ayuntamientos-, cuanto mayor es la población de derecho mayores son los ingresos a percibir por este concepto.
Cierto es, todo hay que decirlo aunque no guste, que muchos Municipios se aferran, a veces por intereses de los políticos locales, a su identidad propia y al temor a desaparecer, para no emprender esta deseable política de fusiones municipales, y que a ello contribuye también, y no en escaso grado, la pérdida de representatividad política, ya que más del 70% de los concejales españoles pertenecen a municipios de menos de 5.000 habitantes, muchos de los cuales tendrían que dejar sus cargos de consumarse estas concentraciones municipales. No obstante, la grave situación económica presente exige grandeza de miras, búsqueda del interés general, y no defensa a ultranza de interese particulares, por legítimos que éstos también puedan ser.
Considero, en definitiva, que no puede seguirse manteniendo tan disparatado número de Municipios como el que actualmente existe en España, que pudo ser válido en otra época y en otro momento histórico, pero que ya carece de toda justificación; pese a lo cual lo más probable es que estas fusiones, en la línea aquí apuntada, no lleguen a producirse, ya que el PSOE no es -o al menos no lo ha sido, aunque su discurso puede cambiar en la misma línea en que recientemente lo ha sido respecto a las Diputaciones provinciales- partidario de ellas, y el PP sólo admite la fusión voluntaria de Ayuntamientos, no la obligada cuando de forma razonable y objetiva se den los parámetros necesarios para ello, y sólo un partido minoritario como es UPyD se ha mostrado abiertamente partidario de estas fusiones municipales.
Clemente Checa González
Catedrático de Derecho financiero y tributario
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